Honorarios, lo que cada diciembre bota la ola
En años de cambio de autoridades, los despidos se incrementan por sobre el promedio, como sucedió en 2016 con la llegada de nuevos alcaldes, cuando se registraron 71.509 despidos de honorarios, y en 2018, con el cambio presidencial, cuando se registraron 52.001 desvinculaciones. Tras el estallido social, en 2019 se registraron excepcionalmente 39.230 despidos de honorarios en el sector público.

Al menos 40.000 de los más de 159.745 trabajadores a honorarios que existen en el sector público de Chile podrían ver no renovados sus servicios este 31 de diciembre, según proyecciones basadas en lo ocurrido en años anteriores y en la ya anunciada reducción del presupuesto fiscal para el año 2021. El proceso ya se inició con los despidos anunciados en organismos como Fosis, universidades estatales como la UMCE, y municipios como el de San Felipe, que informó a través de redes sociales que “se eliminarán” todos los convenios a honorarios con jornada. La situación mantiene en alerta a diversas organizaciones que agrupan a lo que se ha llamado el “boletariado” chileno, una fórmula usada indiscriminadamente al interior del Estado para suplir personal sin aumentar la planta de trabajadores, lo que no es fiscalizado por la Dirección del Trabajo y la Contraloría.

Lo que estas personas tienen que saber es que toda la jurisprudencia de la Corte Suprema reconoce que cuando existe horario laboral y vínculo de subordinación y dependencia, es decir, cuando el honorario no tiene cliente, sino que tiene jefe, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier funcionario de planta o con contrato indefinido. Por ello, si no les renuevan el contrato desde el 1 de enero de 2021, eso equivale a despido injustificado, y pueden demandar en tribunales el pago de todas las cotizaciones acumuladas durante los años trabajados, aunque ellos se hayan cotizado por su propia cuenta, además del pago por mes de aviso previo, años proporcionales de servicio, sobrecargos e indemnizaciones legales. De acuerdo con información levantada a través de la ley de transparencia por SoyHonorario.cl, de los más de 159.745 mil trabajadores del Estado que están en condición de “honorarios”, 136.295 –es decir, 26,3% de los empleados de todo el sector público– tienen jefe, cumplen horario laboral y siguen instrucciones; es decir, trabajan con vínculo de subordinación y dependencia, pese a que figuran como “prestadores independientes”. En detalle, en el gobierno central son 14.468 los trabajadores que se encuentran en esa condición. En los municipios, en tanto, los honorarios en esta situación irregular suman 121.673, lo que representa más del 66,2% del personal disponible en ellos.

Las proyecciones realizadas se basan sobre el promedio anual de no renovaciones de contratos de honorarios en la reciente década, que alcanza a 28.005, aunque el dato más notorio es que, cuando no se trata de un año de cambio de autoridad, los despidos de honorarios registran un promedio de 22.321 casos. En años de cambio de autoridades, los despidos se incrementan por sobre el promedio, como sucedió en 2016 con la llegada de nuevos alcaldes, cuando se registraron 71.509 despidos de honorarios, y en 2018, con el cambio presidencial, cuando se registraron 52.001 desvinculaciones. Tras el estallido social, en 2019 se registraron excepcionalmente 39.230 despidos de honorarios en el sector público.

La evidencia permite concluir que los honorarios son usados por cada nueva administración para pagar favores, porque en la práctica comprenden recursos que pueden usar directamente para “meter” a personas afines, aunque siempre perpetuando la precariedad laboral, pues en la práctica no se informa al trabajador a honorario sobre sus derechos.