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Desde 1988 y durante 30 años el demandante trabajó contratado a honorarios para la Municipalidad de San Juan de la Costa, cumpliendo en dicha institución distintos roles como encargado de Desarrollo Rural y como técnico en la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN). En julio de 2018, cansado de esta situación de abusos y vulneraciones a sus derechos decidió autodespedirse y demandar a su ex empleador.
Luego del proceso judicial la Corte Suprema se pronunció favorablemente en marzo de 2020 y hoy el Municipio se encuentra obligado al pago de todas sus cotizaciones previsionales desde 1988 hasta el mes de julio de 2018 sumados a sus indemnizaciones por mes de aviso, años de servicios, recargos legales y feriados.
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